La empresa del autobús judicializó la deuda un día antes de la reordenación
Le reclamó al ayuntamiento 16 millones de euros por las revisiones de precios del 2011 y el 2012. El 25 de septiembre, el consistorio alegó que está pendiente de una auditoría encargada el 26 de julio
D. L. G. |
| Gerente Manuel Ramo, uno de los encuentros en el Sama |
Llevan transcurridos ya dos meses del conflicto del transporte urbano en Zaragoza, con una huelga in definida en el servicio que afecta a los ciudadanos, y a veces no hay como tirar de calendario para explicar el porqué del nivel de enconamiento que se ha alcanzado entre el ayuntamiento y la concesionaria. Porque a veces las fechas dicen más que lo que manifiestan a la opinión pública. Y porque sus decisiones pueden ser más significativas en el momento en el que se producen.
Como la decisión de acudir a los tribunales para reclamarle al consistorio 16 millones de euros por las revisiones de precios de los ejercicios 2011 y 2012. Una medida que la empresa del bus decidió hacer efectiva el pasado 31 de agosto, dos semanas después de presentar el ERE que acabó con 153 personas en la calle y solo 24 horas antes de que se pusiera en funcionamiento la reordenación de líneas con la que había justificado esos despidos. Un golpe de efecto perfectamente medido y que sirvió para judicializar la deuda municipal con la concesionaria.
Además, en un momento en el que, cuando se le notifica al ayuntamiento, el 6 de agosto --ese día entra el requerimiento en el registro del consistorio--, al Gobierno le quedan 26 días por delante en los que la actividad en los juzgados está parada por ser agosto, mes inhábil, y el conflicto con los trabajadores va en aumento, en los despachos y en la calle.
¿CASUALIDAD? El ayuntamiento, por su parte, tampoco actuó con celeridad para responder a ese requerimiento, ya que no le responde al juez hasta el pasado 25 de septiembre, agotando los 20 días hábiles que le concede el auto. Y lo hace a través de un escrito en el que expone que esa cantidad que reclama la concesionaria (siempre como deuda con TUZSA, no como Autobuses Urbanos de Zaragoza), está pendiente de una auditoría encargada por el propio consistorio para analizar si esas revisiones de precios que plantea la empresa son correctas. Además, añade al mismo, el justificante del contrato menor que ya está firmado y le expone que la decisión de realizar esa auditoría a la empresa se adopta en la reunión de Gobierno municipal celebrada el pasado 26 de julio. ¿Es todo fruto de la casualidad?
La única duda que existe es si el consistorio decide encargar una auditoría cinco días antes de que la concesionaria del autobús acudiera a los tribunales para judicializar parte de la deuda, porque ya lo supiera, o es la concesionaria la que se entera que el consistorio le va a examinar al detalle cada uno de los conceptos que ella misma quiere contabilizarle como gasto del servicio y por eso decide acudir a la justicia ordinaria. Pero parece que la relación entre ambas decisiones es más de causa y efecto.
Con todo, ambos movimientos hay que situarlos en el contexto en el que se producen, porque ambas partes se empeñan en decir que sus diferencias con respecto a la deuda no están interfiriendo en las negociaciones por la recolocación de los 125 despedidos forzosos que se produjeron apenas tres semanas después de ese 31 de julio. Pero coinciden en el tiempo y, según ha podido saber este diario, el único asunto que los responsables del Grupo Avanza han querido abordar en las discusiones con el ayuntamiento después de ejecutar el ERE ha sido el de la deuda, como si los despidos fueran ya agua pasada.
En la única visita que ha hecho su consejero delegado, Jesús López Torralba, a Zaragoza --porque el gerente de la concesionaria, Manuel Ramo, está al margen de toda negociación con el consistorio desde hace tiempo--, solo quiso hablar de esa deuda y de los 50 millones que considera que se le adeudan para finiquitar la anterior contrata.
Fuente: elperiodicodearagon
