El sindicato había presentado la querella por el pago de 2,1 millones de euros a la empresa concesionaria del servicio público de transporte urbano, en aquel momento TUZSA. El motivo del pago fue como consecuencia de la reducción de plantilla a la que la empresa tuvo que hacer frente, algo con lo que el sindicato “Somos” no estaba para nada de acuerdo.
El magistrado considera que la decisión pudo ser “errónea o equivocada, pero en ningún caso puede considerarse que sea una resolución en donde concurran los requisitos del delito de prevaricación”. Por este motivo, el juez que dirige el caso ha explicado que “la falta de claridad y precisión” en el proceso de licitación “causó ambigüedad y oscuridad sobre la entidad que debía abonar los costes”.
Según AUZSA, la actual empresa concesionaria, debía de ser el Ayuntamiento el que tenía que hacerse cargo del pago de estos 2,1 millones de euros, siendo la mayor parte de esta cantidad dirigida a costear las indemnizaciones de las y los 153 trabajadores despedidos, aunque la mayor parte de ellos fueron contratados de nuevo.
Desde que se presentó la demanda, el pasado 17 de diciembre de 2015, el debate jurídico ha estado presente para dirimir quién debía hacerse cargo de estos pagos extraordinarios. El Gobierno de Zaragoza en Común, desde que fue conocedor de estos hechos, consideró que eran lesivos, ya que se trataba de pagar con dinero público los despidos de las y los trabajadores del transporte urbano, por eso se inició el expediente de lesividad.
De hecho, el portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Pablo Muñoz, ha precisado, tras conocer la noticia del sobreseimiento, que prosigue ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el recurso de lesividad al Ayuntamiento de Zaragoza por los pagos con 2,1 millones de euros de dinero público de los despidos de los 153 trabajadores del Transporte Urbano de Zaragoza (TUZSA), en la actualidad AUZSA.
En rueda de prensa, Muñoz ha precisado que este auto recoge “lo que nosotros -ZeC- consideramos correcto al no derivarse una causa penal del Ayuntamiento, pero eso no quiere decir que no sea inmoral o contrario a derecho”. “Una cosa no quita la otra”, ha subrayado en referencia a que se archive la querella de SOMOS frente a que continúa el trámite judicial por presunta lesividad al Ayuntamiento.
“Pensamos que no era constitutivo de un delito penal, pero la actuación del anterior equipo de gobierno no está amparada por los límites de la ética política y se oponía al ordenamiento jurídico”, ha incidido Muñoz para apostillar que “una cosa no desdice a la otra y está bien que se deslinde”.
Por su parte, desde el sindicato Somos, siempre se ha defendido que las indemnizaciones que se pagaron en 2013 fueron fruto de una actuación irregular. Por lo tanto, ese dinero que el gobierno de Belloch pagó tres días antes de ser sustituido por el ahora alcalde Pedro Santisteve, debía ser recuperado por el Ayuntamiento.
Como consecuencia de esta investigación, el actual equipo de gobierno decidió cesar esta misma semana al jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Luis García Mercadal, por estar investigado en dicha causa. En este sentido, Muñoz ha señalado que el Gobierno de la ciudad no le readmitirá ya que lo que se ha producido con García Mercadal es una “quiebra de confianza”.
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