La Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Zaragoza considera “fundamental” señalar “la causa estructural de la actual situación en la que se encuentra el transporte urbano: la privatización del servicio”.
La Plataforma apunta que “la causa fundamental de la situación que vivimos es la externalización del servicio según la fórmula de gestión público-privada que implementó en su día el Ayuntamiento”.
Explícitamente señalan el acuerdo firmado por el anterior gobierno municipal del PSOE, dirigido por Juan Alberto Belloch, con la empresa actualmente concesionaria, ADO (empresa mexicana que compró el Grupo Avanza, en el que estaba integrada AUZSA, al fondo de inversiones de la City de Londres, Doguhty Hanson, en 2013).
Para la Plataforma este “decisión política” colocó “al capital de dicha empresa en una situación de poder y beneficio asegurado a costa de puestos de trabajo, de las condiciones laborales de los trabajadores, del incumplimiento de los pliegos y de las condiciones del servicio”, es decir, “a costa de la calidad, del dinero público y de las necesidades de todas y todos”.
“No se puede ni debe olvidar que entonces el Ayuntamiento del PSOE pagó con dinero público 2013 el despido de 153 trabajadores de la plantilla de trabajadores de TUZSA”, subrayan.
En este sentido, señalan como responsable de la situación actual del conflicto en AUZSA a la empresa y destacan “la legítima defensa de los derechos laborales y la reclamación de la pérdida de poder adquisitivo que hacen los y las trabajadoras”.
Asimismo, manifiestan su “firme defensa de la municipalización del transporte urbano de Zaragoza cuando caduque la vigencia del actual contrato”, e “instan al gobierno municipal a que imponga las sanciones oportunas a la actual empresa adjudicataria” o, “llegado el caso, la echen”.
La Plataforma entiende que el actual conflicto del transporte urbano en Zaragoza es “una muestra más de la deficiente gestión que hacen las empresas concesionarias de los servicios públicos externalizados” y suponen “un atentado a nuestro derechos en tanto que hacen valer la primacía de los beneficios en detrimento de la prestación del servicio”.
La Plataforma inciden en su “firme defensa” de la remunicipalización mediante un modelo de gestión directa en el que tengan cabida las vecinas y vecinos como usuarios y destinatarios de dichos servicios para “articular las demandas que corrijan las deficiencias o carencias junto con los trabajadoras y trabajadores”.
“Queremos que se garantice la estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores de las plantillas que pertenecen a las contratas mediante un proceso de subrogación del personal, hecho éste amparado por ley en la sucesión de empresas, que viene desarrollado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”, apostilla la Plataforma.
Insisten, desde la Plataforma, en que la remunicipalización “disminuye costes, permitiendo asimismo contratar más gente sin mermar los salarios de los y las trabajadoras, lo que supone una mejora en las frecuencias y, por tanto, en la calidad del servicio”. “Aumenta igualmente la eficiencia en el control de la prestación y, con nuestra propuesta, será mediante la participación vecinal como garantizaremos una respuesta inmediata a las demandas de la ciudadanía, corrigiendo las deficiencias o carencias observadas”, aseveran.
“Incluimos una auditoría detallada de las cuentas que arroje luz sobre las múltiples irregularidades denunciadas en los últimos tiempos y que, sospechamos, desenmascararán conexiones con alguna de las tramas de corrupción que se encuentran en los tribunales”.
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